Persecución judicial se hizo realidad

Alerta Perú. Atentado contra la libertad de expresión. Se hizo realidad lo que se veía venir desde la anulación de la licencia de TV Oriente Canal 8 de Yurimaguas, Loreto. La Primera Fiscalía Mixta de Alto Amazonas (Loreto), a través de su titular, Sandra Alarcón, solicitó diez años de cárcel contra el director de Radio Oriente, Geovanni Acate, por informar sobre el paro de los nativos en junio del 2009, con el infundado sustento de ser “cómplice primario por la presunta comisión del delito contra los poderes del Estado y el orden constitucional en su figura de instigación al delito de rebelión”. Además del pago de 15 mil nuevos soles como reparación civil.

Este penoso dictamen penal N° 019-2010-MP-FPM-AA-Y, sindica a Acate de ser también “cómplice secundario por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, delitos contra la paz pública en la figura disturbios en agravio del Estado peruano y la población yurimaguina”.

Así mismo la demanda también incluye a los dirigentes del Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA), Gorki Vásquez, Adilia Tapullima, Elías Sánchez, Javier Alava y Bladimiro Tapayuri para quienes también pide “diez años de pena privativa de la libertad, pidiendo el pago por concepto de reparación civil de forma solidaria ascendente a 15 mil nuevos soles a favor de los agraviados”.

La defensa del director de Radio Oriente no se hizo esperar y respondió que la sentencia contra Acate es parcializado y carece de objetividad. El abogado Constante Díaz, consideró que la titular de la Primera Fiscalía actuó de manera subjetiva. Expresó que "la fiscal Alarcón no tiene aparentemente conocimiento de lo que significa libertad de prensa en nuestro país, por lo que intenta sostener que la alocución radial sobre la situación política en el país es atentar contra el orden establecido".

Mientras que, Giovanni Acate consideró que este proceso penal demuestra que "cierto sector del Gobierno no tiene interés en que la libertad de expresión se respete en el país", y destacó que el Ejecutivo "no quieren opiniones divergentes a las políticas que aplica".

Hay que mencionar que la defensa precisa que el Ministerio Público no ha descrito técnicamente "la tipificación de los delitos por los que acusa a los procesados, ni mucho menos ha descrito si los hechos por lo que son procesados se adecuan al tipo penal, aplicado y descrito".

Por su parte el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Juvenal Silva, sostuvo que la denuncia fiscal formulada en contra del director de Geovanni Acate, constituye un atentado a la libertad de expresión y de opinión. Se sabe que Juvenal Silva esta a la espera de la documentación respectiva a fin de efectuar la denuncia correspondiente en el Legislativo.

Otro atentado:
La misma fiscal Alarcón solicitó once años de prisión para el padre Mario Bartolini, párroco de Barranquita, a quien también acusa de ser uno de los promotores de los hechos de violencia durante la protesta amazónica. Así también sería objeto de una sanción denominada “restrictiva de la libertad”, que significa que lo expulsarían de territorio peruano.

El padre Bartolini lleva 31 años de vida en la selva peruana y en más de una ocasión fue denunciado y amenazado por obstaculizar los planes del grupo Romero, en especial sus empresas dedicadas a la producción de biodisel en el territorio de su parroquia, Barranquita.