OPINIÓN: LEY DE "INVASORES" O DERECHOS POSTERGADOS

Por: Luis Gárate*

El revuelo que ha generado la reciente aprobación de ley que autoriza la expropiación y posterior adjudicación de los terrenos ocupados al 31 de diciembre de 2004 por poseedores informales, ha sido generado por las reacciones de temor y rechazo de las clases dominantes.

Con su estilo clientelista, los funcionarios apristas del Ministerio de vivienda y COFOPRI -encabezados por la ministra Nidia Vílchez- promovieron la aprobación de la ley a través de la movilización de miles de pobladores de asentamientos humanos de Lima y provincias. Así lograron la aprobación en la comisión permanente y que, sin demora, fue refrendada por el mismo Alan García.

Ante esta situación, diversos sectores de la derecha han pegado el grito en el cielo desde los grandes medios de comunicación, defendiendo la inviolabilidad de la propiedad privada, olvidando que esta tiene también una función social y que la ley así lo contempla con fines de bien común e interés público.

Es que la ley 29320, que modifica el artículo 21 de la ley 28687, tiene el objetivo general de beneficiar a miles de personas de bajos recursos que ocuparon terrenos de propiedad privada y de comunidades campesinas. Entonces, más allá de las movidas demagógicas de la dirigencia aprista, debemos poner en el tapete los temas de fondo, ¿se trata acaso de la propiedad privada versus los derechos humanos y sociales? ¿El estado está asumiendo la protección y promoción del derecho a la vivienda?

La Constitución Política del Estado de 1979 contemplaba expresamente el Derecho a la Vivienda. Sin embargo en la nueva constitución del 93, hecha a la medida de la dictadura neoliberal de Fujimori, se omitió este derecho y así se retiró la expropiación por interés social. Sin embargo, siendo el Perú suscriptor de acuerdos internacionales sobre los derechos humanos aún está obligado a respetar el derecho a la vivienda.

Lo cierto es que la política de acceso al suelo y de vivienda de las clases dominantes peruanas no ha sido capaz de ofrecer alternativas para que cientos de miles de familias pobres tengan un sitio la ciudad. A lo largo de diferentes gobiernos los terrenos del Estado han sido facilitados a grandes propietarios e inmobiliarias para realizar inversiones, en vez de ponerlas a disposición de las Municipalidades para que se destinen a los más necesitados, quienes siguen ocupando terrenos ubicados en zonas riesgosas como las laderas de cerros.

Algunos especialistas desde el lado progresista plantean que los gobiernos locales y provinciales asuman la responsabilidad de desarrollar Programas de Vivienda que impliquen un acceso a suelo urbanizado de manera ordenada y planificada, constituyendo bancos de tierras municipales en cada provincia y dotando a los municipios de recursos necesarios. Así, sostienen, se podría promover una política preventiva y que deje sin piso a los traficantes de tierras.

Precisamente algunos elementos del Partido Aprista, que están vinculados a las altas esferas del gobierno como el caso de Germán Cárdenas, estarían vinculados desde hace décadas a la ocupación de terrenos con fines de tráfico en beneficio personal y aprovechándose de la necesidad de decenas de familias humildes.

La ley de expropiación es un instrumento legal, pero insuficiente en el marco del modelo económico neoliberal y el marco legal vigente. Para la izquierda, el tema de fondo debe abordarse desde el ejercicio de los derechos de todo ciudadano, en particular los sectores más desfavorecidos, para acceder al suelo y la vivienda.

El reto para las fuerzas populares del cambio es incorporar el derecho la vivienda en la lucha por una Nueva Constitución, que permita la refundación de la República, que configure un nuevo Estado democrático donde los ciudadanos realmente tengan los mecanismos para ejercer sus derechos y hacer respetar la soberanía popular.

En ese sentido la construcción de una ciudad incluyente, con acceso equitativo el suelo y a la vivienda, que sea democrática y sostenible, es un tema de primer orden que debe entrar en la discusión programática de la izquierda, y en particular de los comunistas, para impulsar la reconstrucción de la política con participación protagónica de los sectores populares.

* Periodista Peruano