PERÚ: Siguen Problemas para Implementar Aborto Terapéutico

El estado peruano continúa violando el derecho que por ley tienen las mujeres d este país a interrumpir su embarazo cuando éste pone en riesgo su vida, al negarse a elaborar el protocolo médico para este tipo de situaciones. Así lo denunció Human Rights Watch cuando presentó su estudio en el mes de julio, durante la presentación de su informe de 52 páginas, en el que señala que las autoridades peruanas deliberadamente se niegan a aprobar las directrices médicas para el aborto legal.

Angela Heimburger, investigadora de la organización, sostuvo que en el país existe tal desinformación sobre el aborto, que muchos sectores piensan que éste es ilegal en todas sus formas, lo que no corresponde a la verdad. "El código penal de 1924 estipula, muy específicamente, que procede el aborto cuando la vida de la mujer esté en peligro o amenaza su salud", señaló la investigadora. Pese a ello, a las mujeres que, amparadas en este derecho, acuden a los hospitales públicos en busca de ayuda, se las reprime y se las estigmatiza, subrayó.

Y relató el caso de una mujer en Arequipa (al sur del país) que hace 2 meses acudió al hospital del sector salud a que le practicaran un aborto porque sufría problemas cardíacos, pero los médicos se negaron a ello, por no existir un protocolo oficializado por el Ministerio. La mujer murió poco después. Arequipa es una de las regiones que se opone más tenazmente a oficializar un protocolo médico para el aborto terapéutico. El obispo católico de esa ciudad ha amenazado con la excomunión a los médicos que lo practiquen.

"El estado está en la obligación de informar a los proveedores de servicios de salud que el aborto terapéutico está autorizado por la ley", añadió Heimburger, pero también reconoció que las autoridades se sienten presionadas por las autoridades eclesiásticas y sectores conservadores de la sociedad civil. Las discusiones para elaborar el protocolo datan de varios años. Incluso, durante el pasado gobierno del ex presidente Toledo se llegó a tener un protocolo elaborado por los médicos de la Maternidad de Lima, pero tuvo que ser dejado sin efecto por una directiva del Ministerio de Salud.

Se conformó, entonces, una comisión multisectorial, con participación de representantes del estado peruano, del colegio médico y del de obstetrices, pero también de la jerarquía católica, que no aportó ninguna solución. Heimburguer informó que el Ministerio de Salud le comunicó a Human Rights Watch, poco antes de dar a conocer su informe, que el problema (de elaboración del protocolo) "está en revisión".

Por su parte corresponsales de diversos medios de comunicación internacionales, entre ellos SEMlac, después de conocido el informe de HRW trataron infructuosamente de que alguna autoridad de Salud se pronunciara al respecto, pero fue inútil. Ninguna autoridad quiso dar declaraciones al respecto. Se estima que en el Perú se practican más de 400 mil abortos clandestinos al año y está considerado como la tercera causa de muerte materna en el país.

Según el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, una de cada siete mujeres que se somete a abortos clandestinos tiene que ser internada de urgencia, por complicaciones que ponen en riesgo su vida, en hospitales públicos o clínicas particulares. Asimismo, por cada mujer que muere al someterse a un aborto clandestino, otras 50 ó 60 terminan incapacitadas sexualmente para el resto de su vida, declaró el doctor Luis Távara, Presidente de la Confederación de Derechos Humanos y Reproductivos de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología.

Para Human Rights, detrás de la alta tasa de abortos clandestinos se esconde también un problema de desigualdad social porque son las mujeres más pobres las que recurren a estas prácticas en las peores condiciones. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en América Latina y el Caribe se realizan anualmente alrededor de 3 millones 700 mil abortos ilegales. Aproximadamente el diez por ciento de ellos termina con la muerte de la mujer que se somete a esta práctica. Por cada mil mujeres en edad reproductiva, se presentan 29 abortos no seguros y por cada cien mil nacimientos se producen 30 muertes por abortos inseguros, precisa la organización.

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ABORTO LIBRE Y SEGURO. UNA EXIGENCIA DE JUSTICIA SOCIAL

Más de 4 millones de latinoamericanas y caribeñas abortan cada año y la mayoría lo hace clandestinamente, arriesgando su vida y con temor de ser encarceladas. Esto implica un grave daño a su salud física y mental, y constituye una violación a sus derechos humanos fundamentales, en especial el derecho a la vida, la salud, la autodeterminación, la igualdad y la no discriminación, a estar libres de torturas y daños, a la libertad de pensamiento y religión, y al control de su propia fecundidad.

No habrá democracia ni desarrollo humano sostenible en nuestras sociedades mientras las mujeres, especialmente las más pobres, continúen muriendo por esta causa y sean objeto de condenas y castigos, lo que convierte al aborto inseguro en un grave problema de justicia social.

De esto son responsables:

1. Los Estados que no garantizan a las mujeres una maternidad voluntaria, ni respetan sus derechos sexuales y derechos reproductivos, incluyendo la libertad de opción.
2. Las iglesias que intervienen y atentan contra el Estado laico.
3. Los legisladores que se niegan a despenalizar y siquiera a debatir.
4. Los proveedores de servicios que denuncian y maltratan a mujeres hospitalizadas por abortos inseguros.
5. Los jueces que las procesan y condenan.
6. La sociedad que calla y permite.
   

Son culpables de imponer a las mujeres la maternidad como destino único e irrenunciable, sin reconocerles autonomía de decisión sobre sus vidas y sus cuerpos soberanos, negándose a comprender que detrás de un aborto inducido hay embarazos que fueron forzados, falta de acceso a la anticoncepción o falla de algún método, pobreza y abandono, enfermedades de la mujer o gestaciones de fetos con graves malformaciones, entre otros motivos.Frente a ello, reclamamos el acceso al aborto legal, seguro y gratuito como una demanda de derechos humanos, de justicia social y de salud pública.

Solo poniendo fin a la indignidad del aborto clandestino, acabará también el drama de las muertes maternas por esta causa y se resguardará la salud y vida de las mujeres, al igual que el bienestar de sus familias. La maternidad no se impone por leyes castigadoras, las que han demostrado ser inútiles para evitar los abortos clandestinos. Tampoco se impone por dogmas ni doctrinas religiosas, los que ignoran e irrespetan la libertad humana y la diversidad de creencias.Las mujeres somos sujetas de derechos con plena capacidad moral para tomar las decisiones más favorables de acuerdo a nuestras realidades y proyectos de vida, incluyendo la decisión de abortar o de ser madres, de tener hijos o de no tenerlos. Exigimos que todos los actores sociales y el Estado respeten nuestra autonomía sexual y reproductiva, y se nos brinde la información y los medios para ejercerla sin riesgos.

Esto debe abarcar: acceso universal a métodos anticonceptivos modernos y seguros, incluyendo anticoncepción de emergencia; educación sexual laica y humanista; acceso a abortos seguros, legales y con alta calidad de la atención; condiciones sociales y estructurales adecuadas para vivir una maternidad voluntaria, protegida y gozosa, si optamos por ella.Solo de esta forma serán respetados los derechos consagrados en el sistema internacional de derechos humanos, al igual que los históricos consensos de las Conferencias de El Cairo y de Beijing. Y asimismo podrán concretarse los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, en especial en lo relativo al empoderamiento de las mujeres, la equidad de género, y el enfrentamiento del drama de la mortalidad materna que continúa presente en la primera década del siglo 21.

Aun cuando la penalización del aborto persiste en la mayor parte de la región, vemos con esperanzas que se han producido algunos avances significativos en el reconocimiento del derecho de las mujeres a la libertad sexual y reproductiva. El más reciente fue en México, en el contexto del Distrito Federal, con el respaldo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la ley que permite la Interrupción Legal del Embarazo hasta el primer trimestre. Y el año 2006, la Corte Constitucional de Colombia liberalizó la legislación al permitir el aborto por riesgo a la salud y vida de la mujer, en casos de violación y por graves malformaciones fetales. Esto demuestra que es posible encontrar respuestas favorables a nuestra demanda histórica por una maternidad voluntaria como derecho humano sexual y reproductivo.

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