No cuenta si son blancas o afrodescendientes, ricas o pobres, jóvenes o mayores. Tampoco vale si trabajan o si tienen estudios: en América Latina, la responsabilidad por el hogar, el cuidado de los hijos y los ancianos recae sobre las mujeres, y el Estado mira para otro lado.
por: Marcela Valente
Las estrategias son regularmente privadas. Si ellas no pueden afrontar solas el desafío de conciliar trabajo y familia, apelan a otra mujer: su madre, su suegra, sus hermanas, sus hijas mayores, vecinas, o --si puede pagarlo-- una empleada doméstica y cuidadoras para los adultos mayores. Se levantan antes que nadie en su casa y se van a dormir las últimas. Aunque trabajan muchas horas afuera del hogar, se hacen cargo de los niños, los quehaceres y el cuidado de ancianos y discapacitados, sin remuneración, con escasa ayuda de los hombres y casi sin asistencia estatal.
Con excepciones --en general limitadas al período de nacimiento y lactancia-- el Estado se desentiende de esta sobrecarga. "Se da por sentado que los cuidados son básicamente un asunto privado", sostiene el informe "Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con responsabilidad social" presentado este mes en Chile. La investigación fue elaborada por la región latinoamericana y caribeña de la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de poner en agenda uno de los mayores retos actuales para promover la igualdad y combatir la pobreza.
Según este informe, entre 1990 y 2008 la participación laboral femenina en la región pasó de 23 a 53 por ciento, y si se toma la franja de mujeres de entre 20 y 40 años, el porcentaje de las que trabajan fuera del hogar es ahora de 70 por ciento. "Sin embargo, no se han producido rupturas significativas en las concepciones culturales predominantes que consideran que la reproducción social es responsabilidad de las mujeres, y no una necesidad social", lamenta el estudio. Ese malentendido tiene un alto costo para ellas, añade.
"Los cuidados no son una responsabilidad de la familia --que los deriva en las mujeres-- sino una responsabilidad del Estado y la sociedad", comentó a IPS Natalia Gherardi, del no gubernamental y argentino Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que participó en la investigación. "El Estado tiene la obligación legal de arbitrar los medios para posibilitar esas prestaciones", sostuvo. Sin embargo, sólo interviene muy marginalmente mediante normas aisladas que no siempre controla, dijo Gherardi. Esta distracción sugiere que el Estado no es neutro, sino que tiene género. "El Estado es varón, como el derecho y como todas las estructuras de poder basadas en la organización patriarcal de nuestras sociedades", remarcó.
Las mujeres destinan entre 1,5 y cuatro veces más tiempo que los hombres a las tareas hogareñas. "Esta sobrecarga es la base de las desventajas y discriminaciones que ellas experimentan en el mercado de trabajo", advierte el informe. Pero el estudio no se centra en los hombres. "No ha aumentado significativamente la provisión de servicios públicos en apoyo a estas tareas. El Estado y la sociedad suponen que hay una persona en cada hogar dedicada al cuidado familiar". Solo en algunos países se exige a las empresas una guardería cuando hay mayoría de trabajadoras. La licencia por paternidad aún no está difundida en la región, y muy pocos estados reconocen licencias por enfermedades de los hijos o de los padres ancianos, que las puedan reclamar tanto hombres como mujeres.
"Ante la debilidad o ausencia de políticas públicas y de servicios destinados a apoyar la conciliación, las estrategias son básicamente privadas, familiares, femeninas", describe el informe. La propuesta de los especialistas es que la conciliación sea "parte principal" de las políticas sociales. Las coordinadoras del estudio, Maria Elena Valenzuela y Juliana Martínez, consideraron que el Estado debería avanzar en "políticas universales" de conciliación, para que las responsabilidades familiares no sean una lápida sobre las mujeres que les impidan su desarrollo y bienestar. "El Estado tiene un papel crucial en el desarrollo de servicios que no dependan ni del poder adquisitivo de las familias ni de la inserción laboral" de sus miembros. Mejorar la capacidad de la seguridad social a través de servicios de cuidado o de subsidios para pagarlos puede ser una salida, dijeron. Continua leyendo este informe...
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