Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe

Más y mejores políticas de género es la consigna para nuestra América de hoy en día y representantes como: Inés Alberdi (Directora Ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer), Soraya Rodríguez (Secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España) y Rebeca Grynspan (Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo), escriben sobre ello.

Tres décadas después de aprobar la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres (CEDAW) y a punto de cumplirse quince años de la Plataforma de Acción de Beijing --dos de los mayores y más recientes hitos en materia de igualdad y derechos de las mujeres-- todavía persisten graves desigualdades de género.

Es cierto que hay que celebrar importantes logros y avances. Las mujeres han alcanzado un mayor nivel educativo, participan cada vez más en el mercado laboral y ocupan más puestos de representación política. En tanto, un gran número de países han desarrollado leyes de igualdad, de cuotas y contra la violencia de género, y han creado los mecanismos institucionales para promover la igualdad en el quehacer del Estado. Se trata, sin duda, de notables avances.

SOLO EL 20 POR CIENTO DE LAS PARLAMENTARIAS
Pero también es cierto que esos progresos en algunas áreas son lentos y que muchas situaciones resultan alarmantes. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada 3 mujeres de América Latina ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual por parte de familiares. En cuanto a la participación política, las mujeres representan sólo el 20 por ciento de los escaños parlamentarios latinoamericanos. Si hablamos de recursos económicos, los ingresos de los hombres duplican los de las mujeres en la mayoría de los países de la Región. Por lo tanto, la igualdad sigue siendo todavía una utopía.

¿Por qué? ¿Qué necesitamos y qué podemos hacer para avanzar de manera decidida en la construcción de una sociedad igualitaria? Requerimos recursos materiales y humanos, personas conscientes, comprometidas y capaces, para cambiar las actuales estructuras de poder entre hombres y mujeres en los más diversos ámbitos: debemos lograr conciliar el trabajo con la familia y la vida personal, y transformar con un enfoque de género la economía, la sociedad, las familias, las empresas, la política y las relaciones interpersonales.

Para atender estos desafíos, nos hemos reunido en Madrid en el “Encuentro de Mujeres Parlamentarias: Hacia una Agenda Política para la igualdad de género en América Latina y el Caribe”, parlamentarias, representantes de las ciudadanas y ciudadanos de 20 países de América Latina y el Caribe y de España, junto con representantes gubernamentales de varios países de la Región, además de expertos y expertas en desarrollo y género, representantes del Sistema de las Naciones Unidas y los máximos responsables de las instituciones españolas de cooperación para el desarrollo de la igualdad.

MAYOR EQUIDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES
El encuentro organizado en Madrid forma parte de las iniciativas regionales impulsadas por el Fondo España-PNUD “Hacia un desarrollo integrado e inclusivo en América Latina y el Caribe” (creado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo para América Latina y el Caribe), preparado en estrecha colaboración con el Fondo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), reunió a parlamentarias de distintas ideologías, generaciones, ámbitos sociales y políticos, pero con una idea común: transformar las desigualdades existentes y crear sociedades más equitativas para mujeres y hombres.

Son muchas las diferencias que nos separan, lógicas y naturales, pero son más los retos que nos unen. La agenda del Encuentro de Mujeres Parlamentarias de América Latina y el Caribe fue desbordante pero nos ilusionó: encontramos puntos comunes para impulsar algunos temas relevantes para el logro de la igualdad en la Región.

Hemos hablado de cómo encarar una crisis financiera y económica mundial cuyo impacto ya afecta de manera especialmente grave a las mujeres y cómo puede ser también una oportunidad para por fin reconocer el aporte invisibilizado de las mujeres a la economía. Hemos debatido propuestas para fortalecer la participación política de las mujeres en América Latina y el Caribe, y, finalmente, hemos trabajado en el desarrollo de una agenda de género en los Parlamentos de la Región que incluyera --en función de cada realidad concreta-- legislación avanzada contra la violencia de género sobre la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral, temas de salud sexual y reproductiva, y técnicas y estrategias para la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer parlamentario, entre otros temas.

PROTAGONIZANDO EL CAMBIO
Como decía recientemente el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, sin la participación de las mujeres es imposible alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), y la violencia contra las mujeres amenaza seriamente la meta de poner fin a la pobreza en 2015, reto central de estos objetivos. Los ODM representan valores y derechos humanos universalmente aceptados, como la lucha contra el hambre, el derecho a la educación básica, a la salud y la responsabilidad frente a las generaciones futuras.

Las mujeres necesitamos transformar, cambiar y pasar a la acción en todos los ámbitos. No estamos pidiendo un cambio, lo estamos protagonizando. Buscamos, junto con los hombres, transformar la sociedad, lograr un desarrollo económico y social más justo en este mundo globalizado, y superar los obstáculos que impiden el logro de la igualdad.

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Las mujeres aun viven en un estado varón

No cuenta si son blancas o afrodescendientes, ricas o pobres, jóvenes o mayores. Tampoco vale si trabajan o si tienen estudios: en América Latina, la responsabilidad por el hogar, el cuidado de los hijos y los ancianos recae sobre las mujeres, y el Estado mira para otro lado.

por: Marcela Valente

Las estrategias son regularmente privadas. Si ellas no pueden afrontar solas el desafío de conciliar trabajo y familia, apelan a otra mujer: su madre, su suegra, sus hermanas, sus hijas mayores, vecinas, o --si puede pagarlo-- una empleada doméstica y cuidadoras para los adultos mayores. Se levantan antes que nadie en su casa y se van a dormir las últimas. Aunque trabajan muchas horas afuera del hogar, se hacen cargo de los niños, los quehaceres y el cuidado de ancianos y discapacitados, sin remuneración, con escasa ayuda de los hombres y casi sin asistencia estatal.

Con excepciones --en general limitadas al período de nacimiento y lactancia-- el Estado se desentiende de esta sobrecarga. "Se da por sentado que los cuidados son básicamente un asunto privado", sostiene el informe "Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con responsabilidad social" presentado este mes en Chile. La investigación fue elaborada por la región latinoamericana y caribeña de la Organización Internacional del Trabajo y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de poner en agenda uno de los mayores retos actuales para promover la igualdad y combatir la pobreza.

Según este informe, entre 1990 y 2008 la participación laboral femenina en la región pasó de 23 a 53 por ciento, y si se toma la franja de mujeres de entre 20 y 40 años, el porcentaje de las que trabajan fuera del hogar es ahora de 70 por ciento. "Sin embargo, no se han producido rupturas significativas en las concepciones culturales predominantes que consideran que la reproducción social es responsabilidad de las mujeres, y no una necesidad social", lamenta el estudio. Ese malentendido tiene un alto costo para ellas, añade.

"Los cuidados no son una responsabilidad de la familia --que los deriva en las mujeres-- sino una responsabilidad del Estado y la sociedad", comentó a IPS Natalia Gherardi, del no gubernamental y argentino Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, que participó en la investigación. "El Estado tiene la obligación legal de arbitrar los medios para posibilitar esas prestaciones", sostuvo. Sin embargo, sólo interviene muy marginalmente mediante normas aisladas que no siempre controla, dijo Gherardi. Esta distracción sugiere que el Estado no es neutro, sino que tiene género. "El Estado es varón, como el derecho y como todas las estructuras de poder basadas en la organización patriarcal de nuestras sociedades", remarcó.

Las mujeres destinan entre 1,5 y cuatro veces más tiempo que los hombres a las tareas hogareñas. "Esta sobrecarga es la base de las desventajas y discriminaciones que ellas experimentan en el mercado de trabajo", advierte el informe. Pero el estudio no se centra en los hombres. "No ha aumentado significativamente la provisión de servicios públicos en apoyo a estas tareas. El Estado y la sociedad suponen que hay una persona en cada hogar dedicada al cuidado familiar". Solo en algunos países se exige a las empresas una guardería cuando hay mayoría de trabajadoras. La licencia por paternidad aún no está difundida en la región, y muy pocos estados reconocen licencias por enfermedades de los hijos o de los padres ancianos, que las puedan reclamar tanto hombres como mujeres.

"Ante la debilidad o ausencia de políticas públicas y de servicios destinados a apoyar la conciliación, las estrategias son básicamente privadas, familiares, femeninas", describe el informe. La propuesta de los especialistas es que la conciliación sea "parte principal" de las políticas sociales. Las coordinadoras del estudio, Maria Elena Valenzuela y Juliana Martínez, consideraron que el Estado debería avanzar en "políticas universales" de conciliación, para que las responsabilidades familiares no sean una lápida sobre las mujeres que les impidan su desarrollo y bienestar. "El Estado tiene un papel crucial en el desarrollo de servicios que no dependan ni del poder adquisitivo de las familias ni de la inserción laboral" de sus miembros. Mejorar la capacidad de la seguridad social a través de servicios de cuidado o de subsidios para pagarlos puede ser una salida, dijeron. Continua leyendo este informe...

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Sobre el golpe de estado perpetrado en Honduras

El reconocido comunicador, politólogo y escritor Marcelo Colussi, escribió un análisis con lo sucedido en Honduras tras el golpe de estado. Se los dejamos con este buen articulo.

¿Qué significa el golpe de Estado de Honduras?

Marcelo Colussi

La destitución inconstitucional del presidente hondureño Manuel Zelaya es un hecho que nos obliga a pensar qué implicancias tiene todo esto para el campo popular en el mediano y largo plazo. De acuerdo a como están las cosas en este momento, podría llegar a ser posible que el depuesto presidente sea restituido en su cargo, dado la respuesta de los distintos gobiernos desconociendo al nuevo mandatario surgido de la asonada, o mandatario paralelo, de acuerdo a la compleja situación jurídico-administrativa creada. Lo importante, para lo que debe servirnos todo este oscuro capítulo, es para sacar conclusiones útiles en un futuro escenario a quienes seguimos pensando que otro mundo es posible, para quienes seguimos apostando por algo más allá de estas “democracias vigiladas”, estos “simulacros de democracia” asentados en enormes masas de pobres a los que se les enseña sólo a agachar la cabeza. Todo esto, obviamente –lo de Honduras lo reafirma– no es democracia.

Por lo pronto, para todas las fuerzas progresistas y para el campo popular –de Honduras, obviamente, pero también para toda América Latina, o el mundo– es una pésima noticia. Deja entrever que las estructuras políticas sobre las que se asentaron todas las dictaduras que marcaron la historia latinoamericana a través de décadas, no han desaparecido. Si alguien osó pensar en algún momento que en el continente se habían registrado cambios profundos en esa estructura, este golpe viene a demostrar lo contrario. Nada ha cambiado en lo profundo, y las relaciones de fuerza no se han alterado. Los grandes propietarios nacionales (terratenientes tradicionales y empresariados modernos, a los que se pueden sumar las nuevas aristocracias ligadas al nuevo capitalismo crecido en torno al negocio del narcotráfico) siguen siendo tan reaccionarios como décadas atrás, y cuando existe alguna posibilidad, por pequeña que sea, que su situación de privilegio pueda ser siquiera rozada, reaccionan monolíticamente por olfato de clase. Reaccionan liquidando lo que se les ponga delante, castigando al presunto “comunista” de turno, al que ose ya no cuestionar su poder (léase expropiaciones, reforma agraria) sino intentar algunos cambios cosméticos, por superficiales que sean.

Pasó en Venezuela con el intento de golpe a Hugo Chávez en 1992 por sus medidas populares, pasó y sigue pasando en Bolivia cuando la llegada al gobierno del aymará Evo Morales, quien habla un lenguaje popular, pasó en Guatemala con Álvaro Colom, a quien se le fabricó el famoso video que lo incrimina como asesino por tener un barniz progresista; en otros términos, las derechas (tradicionales o emergentes), que siguen detentando las mismas cuotas de poder económico de siempre, siguen estando al acecho en términos políticos, y si algo significa que pueden ponerse en algún peligro sus privilegios históricos, actúan (¿para qué, si no, siguen estando las fuerzas armadas?)

De todos modos sería miope no ver que también en estas últimas décadas, de la mano de los furiosos planes neoliberales, vinieron también aires modernizadores en los aspectos políticos: las dictaduras son vistas como cosas del pasado, dinosaurios que no deben volver, y todos los países de la zona hablan un nuevo lenguaje “democrático” que cuestiona regímenes o procedimientos anticonstitucionales. Eso fue lo que todos los sectores fuera del país, en Latinoamérica y en el resto del mundo, dijeron inmediatamente luego del golpe de Estado de Honduras, incluido el gobierno de Estados Unidos. Hoy día podríamos estar tentado de decir que es un avance en la cultura política extendida globalmente el hecho que ya se hayan instaurado los sistemas democráticos parlamentarios, habiéndose relegado al olvido las dictaduras.

Pero los sucesos de Honduras muestran que eso no es tan así. Enseñan, por el contrario, que los procesos democráticos que vienen desplegándose en Latinoamérica en estos últimos años son totalmente cosméticos, asentados en pies de barro. Son, por el contrario, las salidas políticas no cruentas que Washington ha venido imponiendo desde hace unas tres décadas para la región, no porque realmente hay una mayor salud política y una efectiva participación popular en la toma de decisiones sino porque las dictaduras ya no le eran funcionales para su estrategia continental. “Democracias de baja intensidad”, como se les ha llamado.

Las fuerzas reaccionarias, si bien estos últimos años no han tenido todo el protagonismo de décadas atrás, ahí siguen estando y no han retrocedido un milímetro en su cuota de poder.
Podría decirse que incluso la Casa Blanca viene teniendo un nuevo discurso político últimamente, y hoy día no avala golpes de Estado como fue su costumbre durante todo el siglo XX. Sí y no. De hecho el presidente Barak Obama desconoce –al menos de momento– el quiebre de la institucionalidad en Honduras y al mandatario paralelo Roberto Micheletti. Aunque también se ha denunciado ya que algunos actores golpistas mantuvieron contactos con miembros de la embajada estadounidense en Tegucigalpa antes de la movida que alejó de la presidencia a Zelaya. Por supuesto, no son noticias oficiales, pero no sería nada improbable que, una vez más, Washington mantenga un doble discurso, diciendo algo oficialmente y avalando otras vías por lo bajo.

El caso de Honduras muestra que hoy se habla otro lenguaje político y nadie puede invocar ni saludar alegremente un golpe anticonstitucional. Pero muestra también que patéticamente, más allá del repudio de los distintos gobiernos, los pueblos siguen estando indefensos frente a los poderes de hecho: unos cuantos tanques de guerra puestos en algunas ciudades, el corte de energía y una buena campaña mediática siguen siendo muy difícil, cuando no imposible, de enfrentar por las grandes mayorías populares. ¿Qué se avanzó realmente en el campo popular con estos simulacros democráticos? Muestra que el mismo sigue estando a merced de las acciones criminales de la derecha, la cual puede con mucha facilidad montar los escenarios necesarios para golpear con contundencia. Muestra que, más allá de las buenas intenciones de un “nunca más” que circuló por el continente luego de retiradas las últimas dictaduras el siglo pasado, nada garantiza con simples declaraciones políticas que efectivamente nunca más puedan repetirse escenarios de represión, de sangre y de guerras sucias internas.

Quizá los mecanismos íntimos del golpe de Estado de Honduras tengan que ver con situaciones muy coyunturales del país centroamericano, con elementos muy propios de su historia particular no generalizables al resto de la comunidad latinoamericana. Pero también significa, en definitiva, que la lucha popular sigue estando al rojo vivo, y que si bien hoy día no se menciona en forma explícita la ideología de la Guerra Fría que marcó a sangre y fuego buena parte de la historia del siglo XX, todo ello sigue estando en los cimientos mismos de nuestra sociedad global, tan antidemocrática e injusta como décadas atrás. Muestra, lamentablemente, que no es cierto que “nunca más” puedan volver a repetirse situaciones de represión feroz. Todo lo cual obliga a seguir viendo cómo se alcanza ese “otro mundo” de mayor justicia que anhelamos. Lo de Honduras nos debe servir, nos debe obligar a pensar entonces cómo se construye ese “otro mundo”.

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Debates: ¿Qué pasa con la cultura de la no violencia juvenil en latinoamérica?

En la historia de Mesoamérica y América Latina hasta el siglo XXI no ha existido un día libre de dolor y sufrimiento. La colonización dejó las huellas del trauma de la dominación mediante la imposición de lenguaje, creencias religiosas, racismo, exclusión social, violencia de género y sexo; con el exterminio de comunidades y pueblos.
Estos procesos coloniales y neocoloniales se consolidaron mediante la fuerza de las armas, la ideología y la imposición del pensamiento occidental como verdad suprema: ciencia, educación, tecnologías invasivas; saqueo de los recursos.
Los de piel y cultura blancas (ellos) eran los civilizados y civilizadores, los buenos, los sabios y los poderosos; limpios e inmaculados; el símbolo del progreso; por el contrario los indios, negros, mestizos (nosotros) los piel obscuras éramos y somos (según ellos ) las culturas subalternas y por lo tanto los malos , los sucios, los atrasados, los bárbaros y salvajes que había que someter, dominar, limpiar, humillar, esclavizar y explotar mediante bajos salarios, control de la economía y crear estructuras políticas serviles a sus intereses. El desarrollo de ellos significó el subdesarrollo nuestro.
La dominación se reproduce mediante el control de la educación, la formación de intelectuales y aparatos ideológicos (centros educativos y universidades y algunas iglesias que se articulan con los aparatos represivos -fuerzas militares, policiales, cárceles y leyes punitivas-); a diferencia de sacerdotes, pastores y monjas que fueron inmolados, perseguidos y torturados por ser partidarios del “Jesús de los Pobres” y de la Teología de la Liberación: Monseñor Romero, Ellacuría, Baró, Guadalupe Carney, Celebradores de la Palabra, otros y otras líderes religiosas.
El mejor testimonio de esta violación de los derechos humanos en América Latina es la Doctrina de la Seguridad Nacional que se caracterizó por la tortura y la eliminación de los supuestos enemigos.
La dedicatoria de estas políticas en el siglo XX y XXI han estado destinadas a inventar al enemigo, al subversivo, que en este caso eran y son en su mayoría los jóvenes; por eso era preferible promover el alcoholismo, el tabaquismo y las drogas en los niños, niñas y jóvenes en la década de los años ochenta y noventa; en vez de que se contaminaran con las ideas subversivas de liberación de los pueblos tales como las ideas socialistas o la teología de la liberación.
Se prohibieron las organizaciones estudiantiles de secundaria, En Honduras hasta hubo un Decreto del Congreso Nacional de la República que consideraba esa prohibición.
Fue abolida la paridad estudiantil y el poder de los jóvenes en las universidades y se produjo la universidad pintada de silencio que imitara al modelo occidental. Se reprimió a la juventud a tal grado que la mayor parte de desaparecidos en America Latina son jóvenes. Se privatizó la educación y se crearon mecanismos elitistas y falsos exámenes de admisión para restringir el ingreso de los pobres a las universidades.
Los procesos de guerra, dominación económica, la globalización tuvieron como resultado la emigración de millones de jóvenes de América Latina hacia EUA y Europa; en esos países la emigración ha sido reprimida por políticas violentas y racistas.
La globalización del capitalismo soslaya en su discurso las estructuras de la violencia que han sido creadas y que se reflejan en la pobreza y en el entrenamiento de torturadores de escogidos militares y policías en la famosa “Escuela de las Américas” y en la manipulación ideológicas de algunos medios que han contribuido a la estigmatización de los niños, niñas y jóvenes al considerarlos como los principales responsables de las situaciones violentas y de la delincuencia. Continua leyendo el articulo...

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Opinión: Impulsemos la modernidad, apoyemos la lucha amazónica

por. José Oscátegui(*)

Prof. del dpto. de economía de la PUCP

Muchos recordamos el infausto artículo “El síndrome del perro del hortelano” del presidente García, en octubre del 2007:“El primer recurso es la Amazonía. Tiene 63 millones de hectáreas y lluvia abundante..... Para que haya inversión se necesita propiedad segura, pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir..... existen verdaderas comunidades campesinas, pero también comunidades artificiales..… en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador…”.
El diagnóstico presidencial y el diseño de la “solución” fueron hechos hace casi dos años, lo que ocurrió en el intermedio fue el desarrollo de la legislación que podría convertir en legal la expoliación a las comunidades indígenas. El pretexto fue el llamado TLC con EEUU. Tanto la “solución” presidencial a la pobreza indígena como el TLC fueron presentados como condición necesaria para el ingreso del Perú a la modernidad. Nada más equivocado. Ni el TLC ni el despojo, directamente o vía mercado, de sus tierras a los indígenas son muestra de modernidad sino todo lo contrario.
El desarrollo económico “a lo García”
La experiencia peruana con el desarrollo del mercado “a lo García” puede observarse en los resultados de la explotación minera desde la colonia. La minería de mercurio en Huancavelica, explotada desde el siglo XVII, no ha producido ni riqueza, ni progreso, ni bienestar en ningún lugar de esa región. Tampoco lo hizo en Pasco la explotación de la Cerro de Pasco Corporation, que solo extinguió los pastos y la ganadería campesina. Esta región es una de las más pobres del país. En tiempos más recientes, la explotación de hierro en Marcona tampoco produjo riqueza alguna en Ica. Podríamos generalizar diciendo que ese modelo de desarrollo no ha producido riqueza ni para las regiones ni para las mayorías del país. El modelo de García es el mismo de Fujimori, es el modelo neoliberal.
El desarrollo, el rol del Estado y la modernidad
Tal como lo muestran las experiencias recientes de desarrollo en sociedades atrasadas (como la experiencia alemana en el siglo XIX, la experiencia asiática desde mediados del siglo XX, y hasta la chilena), el Estado tiene que ser un promotor y organizador del desarrollo. En primer lugar, debe garantizar que todos los habitantes sean ciudadanos (pero ni siquiera esto se cumple en el caso de la población indígena amazónica). En segundo lugar, la modernidad exige que el Estado asegure servicios como la educación de calidad para toda la población, servicios de salud y seguridad ciudadana (nada de lo cual existe en cantidad suficiente en nuestro país, ni siquiera para la población urbana). En tercer lugar, para promover el funcionamiento y desarrollo del mercado, el Estado debe regularlo.
La desconfianza de las comunidades nativas se basa en que nuestro Estado, raquítico e intencionalmente debilitado por los fundamentalistas del libre mercado, no cumple con ninguna de estas funciones. El Estado actual, manejado por el gobierno de García, no recauda los tributos que debería recaudar (pide óbolos) y en vez de redistribuir ingreso, facilita su concentración.La lucha de los nativos y de toda la población amazónica es, como en Majaz, por impedir la concentración de la propiedad y la riqueza en pocas manos, sean estas nacionales o transnacionales. Por esto, esta lucha es democratizadora y debilita los soportes de los que promueven la concentración de la riqueza en un extremo y la miseria en el otro, con el pretexto de la modernidad y el libre mercado. http://aeperu.blogspot.com

(*)El autor condena los asesinatos de policías y civiles y se une al pedido de una Comisión Independiente que investigue estos hechos.

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OPINIÓN: LA TRAGEDIA QUE SE PUDO EVITAR

Fernando Eguren. No podemos desligar la protesta de las poblaciones nativas y los luctuosos hechos de Bagua, que ha cobrado hoy día la vida de pobladores y de policías, del discurso presidencial expuesto en el manifiesto “El síndrome del perro del hortelano”.
Recordemos algunos pasajes del artículo de Alan García publicado por El Comercio el 28 de octubre del año 2007 (las cursivas son mías):
“Hay millones de hectáreas para madera que están ociosas, otros millones de hectáreas que las comunidades y asociaciones no han cultivado ni cultivarán, además cientos de depósitos minerales que no se pueden trabajar y millones de hectáreas de mar a los que no entran jamás la maricultura ni la producción.”
“Para que haya inversión se necesita pro­piedad segura [de la tierra], pero hemos caído en el engaño de entregar pequeños lotes de terreno a familias pobres que no tienen un centavo para invertir…”
“Pero la demagogia y el engaño dicen que esas tierras no pueden tocarse porque son objetos sagrados y que esa organización comunal es la organización original del Perú…”.
“Este es un caso que se encuentra en todo el Perú, tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Esa misma tierra vendida en grandes lotes traería tecnología de la que se beneficiaría también el comunero….”
“..aquí todavía discutimos si la técnica minera destruye el medio ambiente, lo que es un tema del siglo pasado, claro que antes lo destruía y los problemas ambientales de hoy son básicamente por las minas de ayer, pero en la actualidad las minas conviven con las ciu­dades sin que existan problemas…”
“..el viejo comunista an­ticapitalista del siglo XIX se disfrazó de pro­teccionista en el siglo XX y cambia otra vez de camiseta en el siglo XXI para ser medioambien­talista.”
“…existen verdaderas comunidades cam­pesinas, pero también comunidades artificiales, que tienen 200 mil hectáreas en el papel pero solo utilizan agrícolamente 10 mil hectáreas y las otras son propiedad ociosa, de 'mano muerta', mientras sus habitantes viven en la extrema pobreza y esperando que el Estado les lleve toda la ayuda en vez de poner en valor sus cerros y tierras, alquilándolas, transándolas porque si son improductivas para ellos, sí serían productivas con un alto nivel de inversión o de conocimientos que traiga un nuevo comprador.”
Con claridad el presidente García va al fondo del problema: ¿quién debe disponer de los recursos naturales del país que, constitucionalmente, son de toda la nación? La gran inversión. ¿Quiénes no deben disponer de ellos? Las comunidades. ¿Por qué? Porque no tienen ni la educación ni los recursos económicos suficientes. Y como no tienen educación ni economía, sus derechos de propiedad no son plenos, es aparente.
Los decretos legislativos de junio del 2008 son la expresión normativa de este discurso, que es claramente excluyente de las comunidades campesinas y poblaciones nativas amazónicas.
La reacción de estas poblaciones es contra la violación a sus derechos sobre sus tierras y territorios. Los canales formales para atender la demanda de que estos decretos legislativos sean cambiados desgraciadamente no han funcionado y más bien han mostrado que las mesas de concertación han servido para ‘mecer’ a las poblaciones, corrompiendo lo que debía ser un legítimo método de negociación. No es de extrañar que, entonces, se hayan utilizado otros medios, como las movilizaciones y tomas de carreteras: la experiencia ha mostrado que sólo con medidas de fuerza el gobierno y el Congreso prestan atención. Vistas así las cosas, los principales responsables de estas movilizaciones son el gobierno y el Congreso.
Tampoco es de extrañar que, si a pesar de estas manifestaciones de protesta sigue la ‘mecida’, éstas se radicalizarán hasta llegar, lamentablemente, a la situación actual que ha cobrado la vida tanto de pobladores –ciudadanos- amazónicos como la policía, también ciudadanos. ¿De quién es la responsabilidad principal? De los quienes toman las decisiones políticas: el gobierno y el Congreso.
¿Qué hacer? Un camino es negociar de verdad. Con lo ocurrido, el Ejecutivo y el Congreso han perdido legitimidad como interlocutores. La única institución pública con legitimidad es la Defensoría del Pueblo, que debería tomar la iniciativa y convocar a dicha negociación con los representantes de las poblaciones amazónicas. Además, deberían renunciar dos de los principales responsables políticos del drama que estamos viviendo, el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, y la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

Fernando Eguren.
Director de La Revista Agraria

Ver fotos exlusivas de los sucesos ocurridos en la Amazonia

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SOBRE EL CUERPO Y LA SALUD DE LAS MUJERES

Con este título quisiera referirme a dos procesos que de alguna manera y desde distintos poderes y verdades han intentado a través de la historia enajenar el cuerpo de las mujeres e instituido códigos, significados y explicaciones a lo que vivimos a partir del modo en que los estados pretenden resolver con mayor o menor control, sobre nuestros procesos biológicos y las distintas huellas que una sociedad jerarquizada y una feminidad subordinada han dejado sobre nuestros cuerpos y voluntades. Por otro tenemos el discurso médico que desde su enfoque positivista y sus recursos tecnológicos, se han convertido en la narrativa hegemónica. Se ha intentando inscribir el cuerpo de las mujeres en cuanto organismo regido por las leyes de la fisiología y la patología, especialmente las de la reproducción y no en cuanto cuerpo de la sexualidad y de la producción cultural.

Por: Rocío Gutiérrez R. / Movimiento Manuela Ramos

Nos adentramos así al debate sobre el control del cuerpo, la sexualidad y la reproducción de las mujeres que ha sido una constante a través de la historia de la humanidad y por supuesto las políticas públicas que son las que definen las situaciones reales y concretas en que se asignan y distribuyen los medios, recursos, oportunidades que permitan ambas condiciones, no han sido ajenas a este debate.
Históricamente, la raíz del derecho a la autodeterminación sobre el cuerpo, ha estado asociada a la noción de individualidad e identidad de la persona ( Esta afirmación de la individualidad es parte de la revolución puritana que se da en Inglaterra en el siglo XVII como respuesta a la mercantilización de los cuerpos en el mercado de trabajo que estaba emergiendo) Se concibe entonces, que una persona pasa a ser un individuo con necesidades y derechos.
La conexión directa entre el control del propio cuerpo y de la capacidad procreadora aparece en la agenda política en el siglo XIX, como demanda de las feministas ( en Inglaterra y Estados Unidos). Fue un reclamo colectivo de las mujeres de varios sectores sociales que reivindicaban el ejercicio de este derecho. En ese entonces, el reclamo de la maternidad voluntaria y de los derechos reproductivos estuvo motivado tanto por el tamaño de la familia como por el ansia de controlar su propia capacidad pro creativa.
En el momento histórico, en que el proceso de industrialización y de urbanización se dio en Europa, además de las mujeres, otros sectores organizados con poder económico plantearon como necesidad la limitación de los nacimientos en determinados sectores sociales: campesinos y trabajadores asalariados empobrecidos. Desde entonces el control de la población aparece como política social.
Entendiendo por control de población el ejercicio o el intento de ejercer control por elementos externos- ya sean los gobiernos nacionales, las agencias internacionales, la iglesia-sobre el derecho de la familia a tomar decisiones acerca del número de hijos que desean tener, considerando que en una pareja o familia la mujer y el hombre no coinciden necesariamente en lo que se refiere a tener o no tener hijos
Desde entonces las políticas de población vistas básicamente desde el punto de vista demográfico, y de la distribución de los recursos, han tomado a las mujeres como objeto de aplicación de modelos que han ido entre el controlismo y el pro natalismo de acuerdo a los requerimientos y necesidades de las naciones y de la organización del poder y los recursos en el mundo. La salud de la mujer como objeto de disputas.
Así en nuestro país podemos recordar la maternización de las políticas de salud de las mujeres, décadas de 70 y 80 en las que la salud del binomio madre-niño, presentada como una unidad indesligable exaltaba el control pre-natal, la nutrición materna, la inmunización infantil, la lactancia materna y el control del niño, prácticamente nuestra vida al servicio de la disminución de la mortalidad infantil. Sin embargo se soslayaba la responsabilidad del estado en programas que promovieran la paternidad responsable y la planificación familiar, recursos para atención de la mortalidad materna y otras áreas de la salud de las mujeres.
Haciendo historia podríamos decir que es a fines de los 70 y desde la Conferencia Mundial de Población del 74 que se conoce el primer Plan Nacional de Desarrollo y se fijan como parámetros de estado el descenso de la tasa de natalidad y algunas medidas que apuntaban a modificar las condiciones de vida de las mujeres. Los Lineamientos de Políticas de Población del 76 son la primera formulación desde el estado y con ello se iniciaba el proceso de institucionalización del control de población, es decir, el control sobre la tasa de nacimientos en ciertos grupos y categorías sociales. En esta perspectiva, las mujeres son instrumentales al desarrollo, en tanto potenciales procreadoras. Continuar con la lectura...

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OPINIÓN: EL SEÑOR ASILO

Por: Luis Gárate / Periodista

Ese fue el nombre con el que el tristemente célebre dirigente aprista Luis Alva Castro tituló una de sus obras sobre los largos años de persecución y exilio que padeció Víctor Raúl Haya de la Torre por sus ideas políticas consideradas, en su momento, como revolucionarias y hasta subversivas. Precisamente este título lo podría asumir hoy Alan García, pero no precisamente al ser perseguido por sus ideas “revolucionarias”, sino por ser el nuevo abanderado de asilar a renombrados opositores radicales de los procesos antiimperialistas de cambio social que se dan en la región. Y es que se trata de personajes relevantes que jugaron su rol de piezas del ajedrez imperialista, que como cuña, han buscado obstaculizar sistemáticamente los avances de los procesos de cambios sociales que están ocurriendo en países como Venezuela y Bolivia.
Sabemos que a la lista formada por personajes venezolanos como el dirigente sindical Carlos Ortega y el ex Gobernador del estado de Yaracuy, Eduardo Lapi, fue coronada recientemente por Manuel Rosales, ex candidato presidencial, ex gobernador con aspiraciones separatistas del estado Zulia y connotado partícipe del frustrado golpe de estado a Hugo Chávez en abril de 2002. Rosales es acusado por la justicia venezolana por enriquecimiento ilícito y antes del asilo, ya tenía orden internacional de captura en la Interpol.
Por otro lado, no contento con la agravio a la justicia venezolana, el gobierno aprista ha abierto otro frente acogiendo a miembros del nefasto gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, que recordemos reprimió sangrientamente al pueblo boliviano en la ciudad del Alto cuando salió a repudiar su política neoliberal y sus intentos de venta de gas a Chile en el año 2003. Los bolivianos amparados por la gracia de Alan García son los ex ministros Jorge Torres Obleas (asilado), Javier Torres Goitia y Mirtha Quevedo Acalinovic (refugiados), que son acusados de genocidio tras el asesinato de más de 60 bolivianos en la represión ordenada por el también prófugo Sánchez de Lozada, ahora refugiado en Estados Unidos. Será producto de sus remordimientos por su pasado populista y las ganas de congraciarse con la más rancia derecha latinoamericana y con los intereses de los Estados Unidos. Parecería que García ya no busca pasar a la historia como el líder tercermundista de los 80, sino como el articulador de una contraofensiva de las derechas en decadencia que tienen sangre en las manos y que buscan recuperar el poder que detentaron durante décadas en sus respectivos países. Gracias a la decisión del gobierno aprista, las relaciones diplomáticas con Venezuela y con Bolivia se ponen en una lamentable tensión.
Más allá de las particularidades legales de los casos, esta situación debe llamarnos a expresar nuestro rechazo a la estrategia de García y la derecha, así como a la campaña mediática que los respalda. Es hora de denunciar activamente este intento de convertir a nuestro país en un refugio de personajes que se escudan en ser democráticos, cuando no han sido capaces de reconocer su derrota electoral y que más grave aún, están acusados de graves delitos de corrupción y crímenes de lesa humanidad.

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CUANDO GANA LA JUSTICIA Y SE CONDENA LOS EXCESOS

No hace mucho que vivimos la tan esperada sentancia al mayor dictador que haya podido gobernar el Perú Alberto Fujimori, y para los que defendemos y creemos que los derechos humanos nunca deben ser vulnedados venga de donde venga (terroristas o estado) consideramos que fue una sentencia digna a recordar. Bueno pues el reconocido periodista peruano Gustavo Gorriti (caretas) redacto una articulo de opinión que se los compartimos si es que no tuvieron la opartunidad de leerlo.

La sentencia y la historia

Como medio mundo y su familia -me imagino-, vi y escuché, sin perder palabra ni detalle, la lectura de la sentencia a Alberto Fujimori. Pese a su extensión, el fallo fue una demostración del poder de la razón y de la palabra sobre el palabreo. Luego de meses de testimonios incompletos, de retorcimientos sofistas en la argumentación de la defensa, resultó notable el vigor descriptivo e interpretativo de la sentencia.
La potencia de los hechos, recordados, precisos, no sólo en sí mismos sino en el contexto en que ocurrieron. La razón de la memoria no fue sólo la de la verdad de los hechos sino de su correlación.
Ha sido un ejemplo de la fuerza de la razón, cuando el lenguaje, el idioma bien manejado describe, relaciona, precisa y resume la esencia de los hechos a través de la visión precisa de su existencia.
A lo largo de su historia frustrante y azarosa, nuestra patria ansió y soñó gobernarse y vivir a través de la razón republicana: el gobierno de los pueblos, por sí y para sí. Sofistas y leguleyos al servicio de tiranos torcieron una y otra vez el espíritu de la república democrática para sofocarla y sojuzgarla. Esta sentencia rescata los mejores principios de la democracia y tendrá, por eso, valor y vigencia históricas. La fuerza de los hechos expresados en las palabras justas; el coraje de pensar con inteligencia y con verdad; el juez como mandatario del pueblo en la defensa de las leyes que sostienen la democracia, la libertad y el bienestar de sus ciudadanos.
Esto suena, me temo, demasiado general y, de repente, hasta gaseoso. Pero no lo es. Una república vigorosa necesita tanto o más de jueces a la vez sabios e intrépidos que de grandes líderes políticos. Por fortuna –y lo digo sin asomo de halago sino con estricta objetividad– lo ha tenido en el Gran Almirante en Iquique, caso presente de los magistrados San Martín, Prado y Príncipe. Su fallo es histórico y reverberará mucho más allá de nuestras fronteras. Es una sentencia que robustecerá y ensanchará las fronteras de la democracia y la libertad.
Aquella sucesión argumental de preguntas y respuesta reiterada: “¿Está probado que…?” “Sí, lo está”, predicó su eficacia retórica en estar basada en un conocimiento sorprendentemente profundo y abarcador de los hechos. Fue un ejercicio de demostración investigativa con un rigor pormenorizado y sin baches que no recuerdo haber visto en ningún otro documento judicial y en muy pocas investigaciones.
¿Un ejemplo? Recordarán aquellos de ustedes que escucharon la parte final del alegato de Fujimori, que éste proclamó haberse enterado de mi secuestro recién en la primera conferencia de prensa que dio en Palacio luego del golpe del 5 de abril, cuando yo –recientemente liberado– le increpé por el secuestro.
En la sentencia el tribunal recoge ese argumento, pero lo contrasta con lo que Fujimori dijo ese día, en esa conferencia de prensa. En efecto, cuando le reclamé por mi secuestro y el robo de mi computadora, Fujimori me respondió, entre otras cosas, que sabía que me iban a devolver la computadora ese día. ¿Cómo lo sabía, si, como dijo luego, recién se enteraba de mi secuestro?
No sólo eso: Luego de mi intervención en esa conferencia de prensa, tomó la palabra el periodista Fernando Yovera para denunciar el secuestro de sus hermanos, que fueron capturados por un grupo dirigido por el coronel Roberto Huamán Azcurra, mano derecha y cómplice de Montesinos. Huamán Azcurra buscaba a Fernando Yovera y, al no encontrarlo, capturó como rehenes a sus hermanos. Coninuar leyendo de la fuente...

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¿CON DERECHO A TOMAR EXAMEN DE DEMOCRACIA?

El reconocido intelectual uruguayo Eduardo Galeano afirmó que los procesos de cambio en América Latina son "profundos" y "hermosos". Galeano sostuvo que: "Los países ricos se creen con derecho a tomar examen de democracia"

El contexto

Eduardo Galeano criticó durante una conferencia que "los países ricos se consideran con derecho a tomar examen de democracia a todos los demás" y que tienen al presidente venezolano Hugo Chávez como "uno de sus demonios preferidos" .
El ensayista uruguayo consideró durante su participación en la charla "Reflexiones sobre el proceso de cambio en Venezuela y su impacto en América Latina, el Caribe y el Mundo", que el mandatario venezolano es "el satán predilecto" de Europa
Galeano es autor del célebre libro "Las venas abiertas de América Latina", que Chávez entregó al presidente de los EE.UU, Barack Obama, en la reunión que éste mantuvo con los líderes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en el marco de la V Cumbre de las Américas celebrada en Trinidad y Tobago.
Esa obra, publicada en 1971, da cuenta de los abusos que los colonizadores cometieron contra los pueblos originarios de América y del saqueo de recursos al que fueron sometidos los territorios que hoy conforman América Latina y el Caribe.
El autor uruguayo manifestó que el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el de Ecuador, Rafael Correa, también engrosan la lista de "demonios preferidos" de Estados Unidos y Europa y consideró que es el gobierno de Italia, presidido por Silvio Berlusconi, y no el de aquellos países, el que constituye un ejemplo de "demagogia" y "populismo".
Según Galeano, los procesos de cambio que se están dando en América Latina son "profundos", "diversos" y "hermosos" y resultan "bastante incomprensibles para el Norte del mundo".
"Hay una tradición de desprecio que proviene de la humillación colonial, que obliga a desconocer todo lo que en estas comarcas ocurre", aseguró el escritor, uno de los referentes de la izquierda en el continente y asistente habitual a foros alternativos.
Galeano subrayó que "la riqueza de los países del Norte tiene raíces históricas muy claras, proviene del robo y el saqueo" y describió el proceso de cambio venezolano como "fecundo", "creador" e "interesantísimo".
Junto con Galeano también participó en la charla el escritor venezolano Luis Britto García, quien se refirió al episodio de la entrega del ensayo de Galeano a Obama como "subversivo" y manifestó que "la cuestión es cómo estará interpretando" el libro el presidente estadounidense.
En ese sentido, Britto García consideró que el presidente Obama tiene difícil hacer algo "contra la máquina terrorífica" de la industria armamentística de ese país, cuya inversión supone "más de la mitad de todo el gasto armamentístico del mundo".
El escritor venezolano aseguró que en "América Latina ya no es la misma, hay un cambio extraordinario" y apuntó que "cada pueblo está encontrando su vía específica".
Según el autor caraqueño, el cambio supone el paso de un mundo unipolar y dominado por la desigualdad a uno multipolar y que es, "en lo posible, igualitario".
Britto García destacó además que Venezuela es "el país con menos desigualdad social en América Latina, que es el continente que tiene mayor nivel de desigualdad social en el mundo" y agregó: "Estamos al borde de esa gran utopía".

Fuente: Agencias y Rebelión

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SALUD: QUE HAY DETRAS DE LA INFLUENZA H1N1

El analista Alberto Moncada que escribe para el portal Rebelión (web independiente), expresó hace poco su opinión al respecto de la tan mencionada pandemia de la gripe porcina, como una manera de negociar con la salud a gran escala, favoreciendo a las grandes industrias farmaceúticas. A continuación reproducimos su artículo dinfundido recientemente.

Los Autores de la Gripe Porcina

Ya se sabe con bastante certeza que la gripe porcina se originó en una granja de la multinacional Smithfield situada en las afueras de Veracruz, México.
Es un tipo de explotación industrial en las que miles de credos son enclaustrados en almacenes sucios de excrementos y sometidos a unas condiciones de alimentación y limpieza que hacen surgir este tipo de virus.
Las granjas industriales de ganado, porcino en particular, crecieron mucho en los últimos veinte años. En los años sesenta había un millón de granjas de cerdos en Estados Unidos y hoy solo existen 65.000. Los dueños de esas granjas, generalmente compañías multinacionales, han logrado hasta ahora frenar la investigación sobre sus métodos aunque ya el último año Smithfield fue multada con 12 millones de dólares y sigue sujeta a investigación en su país. Precisamente por esa razón ha establecido sus negocios en países con menos vigilancia, como México, a los que puede acceder en razón al tratado de Nafta, que permite una circulación sin restricciones entre México y Estados Unidos.
La FAO y la organización internacional de la Salud se empiezan a tomar en serio estas circunstancias y a poner en marcha investigaciones que son muy costosas y están además impedidas por la oposición de las multinacionales investigadas, que gastan mucho dinero en ocultar y disimular sus excesos.
Otro gran negocio se produce cuando se instala un miedo irracional a esas gripes que, de hecho, ya se han producido en otras ocasiones extinguiéndose rápidamente. Pero las compañías farmaceúticas están logrando grandes beneficios con la comercialización de sus vacunas. En concreto, Roche es la principal beneficiaria de esta tendencia a vacunar indiscriminadamente a todo el mundo y no hay que olvidar que Roche tiene acceso a los poderes de decisión política. No en balde su presidente es el ex ministro de Defensa de Bush, Ronald Rumsfield.
La coalición de los negocios que producen las gripes y las empresas farmaceúticas que producen las vacunas se prueba así como una de las grandes operaciones comerciales para explotar el miedo irracional. Y no hay que olvidar que todos los inviernos hay diferentes cepas de gripe que producen enfermedades y una cierta cantidad de muertes, sobre todo entre personas con bajas defensas. Una buena alimentación y una adecuada higiene son fundamentales, y más que suficientes, para evitar las enfermedades del aparato respiratorio.
Es curioso que se haga mucho menos ruído en torno a las grandes pandemias naturales, las millones de muertes causadas por el hambre, la pobreza, la falta de agua potable, cuyos autores forman parte de un sistema económico dirigido al bienestar de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría.
Tomado de: Rebelión

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SALUD SEXUAL: MITOS Y REALIDADES

Se han dicho muchas mentiras y se han creado mitos alrededor del condón, sin embargo, lo cierto es que se ha demostrado en diversos estudios su efectividad para prevenir la transmisión del vih y algunas ITS (infecciones de trasmisión sexual). Científicamente se ha comprobado que el virus vih no atraviesa el látex -los condones se fabrican con doble capa de látex- y que el condón es efectivo en un 98% de los casos, en el 2% de los casos restantes puede fallar debido a un error que no tiene que ver con el condón en sí mismo, sino con su mal uso, es decir colocarlo mal o utilizar lubricantes que lo pueden romper; ese margen pequeño de error, es un error humano, que se puede disminuir a cero, si aprendemos a usarlo correctamente
Las noticias que se escuchan con frecuencia en las que se dice que el condón no es efectivo no son ciertas y muchas de ellas esconden otros intereses (imposición de conductas para reprimir la naturalidad de la sexualidad, inspiradas en diversas creencias, la mayoría de ellas de tipo religioso que consideran que el uso del condón no es bueno "moralmente" o contradice sus dogmas). En esta página respetamos todo tipo de creencias religiosas, y no pretendemos que las personas abandonen su religión, simplemente estamos exponiendo lo que la ciencia ha demostrado hasta la saciedad: el condón es efectivo y la difusión de información errónea sobre el condón esta colocando en riesgo la vida de las personas.
El condón debe utilizarse con todas sus parejas (sean o no trabajadoras o trabajadores sexuales, ya que usted no puede adivinar si alguien tiene o no vih por su profesión, o su apariencia física, en ocasiones pensamos que las o los trabajadores sexuales pueden tener el vih y las mujeres o hombres que no lo son, no lo tienen y en realidad esto solamente puede ser un prejuicio peligroso que nos puede llevar a utilizar el condón en algunas ocasiones y en otras no), como le repito no se puede "adivinar" quien tiene el vih, lo mejor es utilizarlo SIEMPRE no importando con quien se tenga la relación sexual.
Un adagio muy cierto frente al tema dice: “No importa con quien, cual es tu preferencia sexual o la de tu pareja, ni cuantas veces lo hagas, sino como, se hace el acto sexual; y en ese como lo importante es utilizar el condón”. No existen grupos de riesgo lo que existen son conductas de riesgo que es muy diferente.
Con el condón no se pierde sensibilidad en el acto sexual, ya que el látex utilizado es muy delgado, la actitud que tengamos frente al mismo es determinante, ya que el principal estimulo sexual comienza en nuestras mentes. Si pensamos que el condón quita sensibilidad nos predisponemos a ello, si lo aceptamos amablemente no será un -estorbo- sino un compañero que al brindarnos seguridad nos permitirá disfrutar a plenitud la sexualidad.
Si se pierde la erección en el momento de colocarlo no se debe al condón, se debe a como pensamos frente al mismo, y es desde nuestra actitud que debemos empezar a trabajar.
Para ser un experto se recomienda prácticas solitarias, (masturbarse con el condón) en estas prácticas podemos adquirir habilidad en colocarlo y quitarlo, y saber de que forma sentimos más placer o nos sentimos más cómodos, aprender a desempacarlo, etc. Así cuando estemos con nuestra pareja o con quienes nos involucremos sexualmente no nos sentiremos incómodos (por lo que probablemente el pene pierda su erección) o como aprendices, sino que ya hemos desarrollado habilidad en su uso y nos sentiremos más cómodos.

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OPINIÓN: LEY DE "INVASORES" O DERECHOS POSTERGADOS

Por: Luis Gárate*

El revuelo que ha generado la reciente aprobación de ley que autoriza la expropiación y posterior adjudicación de los terrenos ocupados al 31 de diciembre de 2004 por poseedores informales, ha sido generado por las reacciones de temor y rechazo de las clases dominantes.

Con su estilo clientelista, los funcionarios apristas del Ministerio de vivienda y COFOPRI -encabezados por la ministra Nidia Vílchez- promovieron la aprobación de la ley a través de la movilización de miles de pobladores de asentamientos humanos de Lima y provincias. Así lograron la aprobación en la comisión permanente y que, sin demora, fue refrendada por el mismo Alan García.

Ante esta situación, diversos sectores de la derecha han pegado el grito en el cielo desde los grandes medios de comunicación, defendiendo la inviolabilidad de la propiedad privada, olvidando que esta tiene también una función social y que la ley así lo contempla con fines de bien común e interés público.

Es que la ley 29320, que modifica el artículo 21 de la ley 28687, tiene el objetivo general de beneficiar a miles de personas de bajos recursos que ocuparon terrenos de propiedad privada y de comunidades campesinas. Entonces, más allá de las movidas demagógicas de la dirigencia aprista, debemos poner en el tapete los temas de fondo, ¿se trata acaso de la propiedad privada versus los derechos humanos y sociales? ¿El estado está asumiendo la protección y promoción del derecho a la vivienda?

La Constitución Política del Estado de 1979 contemplaba expresamente el Derecho a la Vivienda. Sin embargo en la nueva constitución del 93, hecha a la medida de la dictadura neoliberal de Fujimori, se omitió este derecho y así se retiró la expropiación por interés social. Sin embargo, siendo el Perú suscriptor de acuerdos internacionales sobre los derechos humanos aún está obligado a respetar el derecho a la vivienda.

Lo cierto es que la política de acceso al suelo y de vivienda de las clases dominantes peruanas no ha sido capaz de ofrecer alternativas para que cientos de miles de familias pobres tengan un sitio la ciudad. A lo largo de diferentes gobiernos los terrenos del Estado han sido facilitados a grandes propietarios e inmobiliarias para realizar inversiones, en vez de ponerlas a disposición de las Municipalidades para que se destinen a los más necesitados, quienes siguen ocupando terrenos ubicados en zonas riesgosas como las laderas de cerros.

Algunos especialistas desde el lado progresista plantean que los gobiernos locales y provinciales asuman la responsabilidad de desarrollar Programas de Vivienda que impliquen un acceso a suelo urbanizado de manera ordenada y planificada, constituyendo bancos de tierras municipales en cada provincia y dotando a los municipios de recursos necesarios. Así, sostienen, se podría promover una política preventiva y que deje sin piso a los traficantes de tierras.

Precisamente algunos elementos del Partido Aprista, que están vinculados a las altas esferas del gobierno como el caso de Germán Cárdenas, estarían vinculados desde hace décadas a la ocupación de terrenos con fines de tráfico en beneficio personal y aprovechándose de la necesidad de decenas de familias humildes.

La ley de expropiación es un instrumento legal, pero insuficiente en el marco del modelo económico neoliberal y el marco legal vigente. Para la izquierda, el tema de fondo debe abordarse desde el ejercicio de los derechos de todo ciudadano, en particular los sectores más desfavorecidos, para acceder al suelo y la vivienda.

El reto para las fuerzas populares del cambio es incorporar el derecho la vivienda en la lucha por una Nueva Constitución, que permita la refundación de la República, que configure un nuevo Estado democrático donde los ciudadanos realmente tengan los mecanismos para ejercer sus derechos y hacer respetar la soberanía popular.

En ese sentido la construcción de una ciudad incluyente, con acceso equitativo el suelo y a la vivienda, que sea democrática y sostenible, es un tema de primer orden que debe entrar en la discusión programática de la izquierda, y en particular de los comunistas, para impulsar la reconstrucción de la política con participación protagónica de los sectores populares.

* Periodista Peruano

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